Una confrontación entre el secretario del Ayuntamiento, Miguel Sánchez Águila, y la quinta regidora, Araceli Atriano Gutiérrez, ha escalado en los últimos días de un incidente administrativo a un asunto legal y mediático que refleja tensiones políticas dentro del cabildo municipal.
El origen de la disputa
De acuerdo con testimonios, el conflicto se originó cuando la regidora acudió a las oficinas del secretario para entregar su Informe de Gestión. No obstante, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece que los regidores tienen la obligación de presentar un informe mensual al Cabildo sobre las actividades de gestión y el estado que guardan los asuntos de cada comisión que les ha sido conferida.
Al pretender entregarlo directamente al secretario y no en sesión de Cabildo, como lo marca la norma, el funcionario se negó a recibirlo. Esta negativa derivó en un momento de tensión: la regidora intentó grabar la situación con su celular, el secretario intentó cubrir la cámara y el aparato terminó cayendo al piso. Acto seguido, el secretario salió de la oficina, seguido por la regidora que lo acusaba de haberse quedado con el teléfono, aunque testigos confirmaron que el dispositivo permaneció en la silla donde ella estaba sentada.
Posteriormente, la regidora volvió acompañada por un policía y, más tarde, por su esposo, exigiendo de manera altanera que el documento fuera recibido. Finalmente, el área de Gobernación ordenó aceptar la entrega, aunque el secretario dejó constancia de que se trataba de un procedimiento fuera de tiempo y forma.
Un informe sin sustento real
Cabe destacar que el Informe de Gestión presentado por la regidora durante este primer año de actividades se ha limitado a conceptos generales como atención ciudadana, actos cívicos, invitaciones a actividades del ayuntamiento y asistencia a conferencias. En contraste, en su rueda de prensa la propia regidora aseguró que ha realizado propuestas en materia de cuidado del medio ambiente y otras áreas, pero en el documento entregado no se reflejan testimonios, constancias ni evidencias que respalden dichas acciones.
La declaración en Cabildo
En sesión de Cabildo, la regidora presentó un extenso relato de lo ocurrido, asegurando que el secretario se negó a recibir su documentación y que incluso la despojó de su teléfono celular de manera forzosa, lo que consideró una agresión física. Sin embargo, en su propia narración reconoció que minutos después el dispositivo apareció en la misma oficina, lo que genera dudas sobre la consistencia de su versión. Además, aunque la Ley Municipal establece que los informes deben presentarse ante el Cabildo y no directamente al secretario, la regidora planteó el incidente como una falta de respeto institucional y solicitó al pleno la destitución inmediata del funcionario. Incluso, afirmó que las actitudes del secretario obedecían a instrucciones directas del presidente municipal, con lo cual elevó el conflicto a un nivel político mayor.
En una sesión posterior, algunos regidores encararon a Araceli Atriano Gutiérrez para señalar que la versión que había presentado ante ellos resultaba completamente diferente a lo que declaró en la rueda de prensa. En ese mismo encuentro, el personal administrativo que estuvo presente durante los hechos también tomó la palabra, relatando cómo se sintieron agredidos e intimidados por el esposo de la regidora, quien ingresó grabándolos con su teléfono celular de manera altanera al interior de la oficina. Estos testimonios reforzaron la percepción de inconsistencias en la narrativa pública de la regidora.
Escalada legal y contradicciones públicas
Tras el episodio, la regidora denunció violencia de género contra el secretario, lo que derivó en una medida de restricción administrativa emitida por el Centro de Justicia para las Mujeres. No obstante, en el acto cívico del 15 de septiembre, frente a varios testigos, fue la propia regidora quien se acercó al funcionario para saludarlo, contradiciendo el supuesto temor manifestado en su denuncia.
En conferencia de prensa, la regidora insistió en que fue violentada físicamente, señalando incluso que sufrió una lesión en la mano. Sin embargo, testigos observaron que realizaba movimientos normales y no presentaba rasguño, fricción ni herida visible. Pese a ello, enmarcó el tema como un acto de victimización y pidió abiertamente el respaldo de la gobernadora de Tlaxcala y de la presidenta Claudia Sheinbaum, apelando a su condición de mujer para obtener apoyo político.
Cabe señalar que en dicha rueda de prensa omitió mencionar un episodio fundamental: la llegada de su esposo a la presidencia municipal de manera altanera, grabando al personal administrativo e intimidándolos mientras exigía que se recibiera obligatoriamente la documentación. Este hecho, confirmado por testigos, muestra un contraste entre la narrativa de victimización pública de la regidora y los acontecimientos ocurridos en el recinto oficial.
Asimismo, esta situación ya fue ventilada en medios masivos de comunicación a nivel nacional, donde se difundió únicamente la denuncia de la regidora, pero sin dar espacio a la versión del secretario ni a los testimonios que contradicen los señalamientos. Tal cobertura, al presentar sólo una cara de la historia, ha sido percibida como una muestra de imparcialidad periodística que distorsiona el debate público en torno al caso.
La versión del secretario
En un oficio dirigido al Ayuntamiento, el secretario Miguel Sánchez Águila relató los hechos del 10 de septiembre desde su perspectiva. Señaló que la regidora llegó alterada y exigió que se le sellaran documentos que correspondían al Cabildo, lo cual le explicó no estaba facultado para recibir. Ante la insistencia, la regidora lo acusó de prepotente y comenzó a grabarlo con su celular. El funcionario asegura que en ningún momento le arrebató el teléfono ni la tocó, y que salió de la oficina para evitar más confrontaciones. Minutos después, el dispositivo fue localizado en la silla donde ella misma se había sentado.
El secretario también destacó que el conflicto escaló cuando la regidora volvió acompañada de su esposo, José Luis Tecuapacho Cuautle, quien ingresó a la oficina grabando con su teléfono celular e intimidando al personal administrativo, exigiendo que recibieran obligatoriamente los documentos. Los trabajadores señalaron que se sintieron amenazados por la actitud altanera del esposo, mientras la regidora no intervino para calmar la situación. Finalmente, por instrucción del área de Gobernación se aceptó sellar la documentación, únicamente para evitar que el altercado escalara aún más.
Reacciones institucionales
En medio de la tensión, el presidente municipal informó que el secretario solicitó un permiso prudente para no entorpecer las investigaciones y exhortó a ambas partes a llegar a un acuerdo. Por su parte, Sánchez Águila adelantó que acudirá a las instancias laborales correspondientes, solicitando una notificación formal de las acciones que se deriven de la denuncia.
Asimismo, en el Cabildo existen actas y grabaciones que contradicen los dichos de la regidora, lo que podría dar un giro a las investigaciones.
Análisis político
El caso ha evidenciado que, más allá del incidente administrativo, la regidora ha buscado colocarse en el centro del debate público con un discurso que mezcla victimización y protagonismo político. La evasión de cuestionamientos sobre la denuncia de acoso sexual contra su esposo, el uso de su posición de mujer como argumento de victimización, la acusación directa contra el presidente municipal y la presentación de un informe con actividades superficiales, fortalecen la percepción de que se trata de una estrategia para proyectarse políticamente y apuntalar las aspiraciones de su cónyuge hacia la presidencia municipal.
De confirmarse esta lectura, la disputa en Teolocholco no sólo sería un diferendo administrativo, sino un episodio de lucha interna por poder político, donde el discurso de género y un informe sin propuestas reales se convierten en herramientas de protagonismo electoral. Lo más relevante es que un evento menor de diferencias administrativas ha llevado a este municipio a estar en el centro de la atención pública nacional por una denuncia de violencia de género que, hasta ahora, carece de fundamentos firmes.
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