Los afectados aseguran que fueron obligados a repartir propaganda política durante su jornada laboral y fines de semana, además de entregar fotografías como evidencia de haber cumplido las instrucciones.
Un total de 22 auxiliares de la Policía de Investigación en Tlaxcala habrían sido despedidos el jueves 15 de octubre, presuntamente sin justificación formal y bajo el argumento de falta de recursos económicos. Sin embargo, según una denuncia hecha llegar a este medio de comunicación, este viernes 16 de octubre ingresaron otros 22 policías para ocupar sus lugares.
Los trabajadores aseguran que su separación fue inesperada, pues apenas unos días antes les habían solicitado documentación para iniciar su proceso de certificación mediante los exámenes de control y confianza, trámite que algunos ya habían comenzado.
Por ello, cuestionan que primero se les pidiera cumplir con requisitos para continuar trabajando y después se les informara que ya no serían contratados por falta de presupuesto.
⚠️ LOS HABRÍAN OBLIGADO A REPARTIR PROPAGANDA POLÍTICA Y ENTREGAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
Uno de los señalamientos más delicados apunta a presuntas presiones políticas dentro de la corporación.
De acuerdo con los denunciantes, los auxiliares habrían sido obligados a participar en actividades de promoción de un aspirante a una coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
Aunque algunos manifestaron su negativa a involucrarse en actividades políticas, aseguran que terminaron accediendo debido a las presiones que recibieron.
Según sus testimonios, fueron enviados a repartir volantes durante sus horarios laborales e incluso los fines de semana, teniendo que documentar estas actividades mediante fotografías que posteriormente debían entregar como prueba de que habían cumplido las instrucciones.
Los afectados consideran que estas actividades eran ajenas a sus funciones como integrantes de una institución de investigación y que su participación no fue voluntaria.
Ahora sospechan que las separaciones podrían estar relacionadas con ese proyecto político y con los resultados del reciente proceso interno.
⚠️ LES HABRÍAN REVISADO SUS CELULARES Y PRESIONADO PARA FIRMAR RENUNCIAS
Los trabajadores relataron que fueron llevados a instalaciones de la Secretaría de Gobierno, donde presuntamente les retiraron sus teléfonos celulares y los presionaron para firmar sus renuncias.
También denunciaron que a algunos les revisaron el contenido de sus dispositivos personales y les solicitaron identificaciones al momento de retirarse.
Los afectados consideran que estos procedimientos vulneraron sus derechos laborales y su privacidad.
Algunos se negaron a firmar sus renuncias y decidieron recurrir a la vía legal, aunque temen posibles represalias por denunciar públicamente lo sucedido.
⚠️ ACUSAN QUE OTROS POLICÍAS SEÑALADOS POR DISPAROS, ACCIDENTES Y PRESENTARSE ALCOHOLIZADOS SIGUEN EN FUNCIONES
La denuncia también cuestiona los criterios utilizados para determinar quiénes permanecen dentro de la corporación.
Los afectados aseguran que existen elementos que presuntamente han realizado disparos con armas de fuego en situaciones donde había ciudadanos presentes, sin que, según su conocimiento, hayan recibido sanciones o fueran llamados ante el Consejo de Honor y Justicia.
También mencionan casos de policías que habrían chocado unidades oficiales sin enfrentar consecuencias administrativas, así como otros que presuntamente se han presentado a trabajar en estado de ebriedad y continúan desempeñando sus funciones.
Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente.
¿POR QUÉ DESPEDIR A 22 TRABAJADORES POR FALTA DE RECURSOS SI AL DÍA SIGUIENTE INGRESARON OTROS 22?
Los señalamientos abren varias interrogantes: ¿quién ordenó a los auxiliares repartir propaganda política durante sus jornadas laborales? ¿Quién les exigió fotografías como evidencia? ¿Se utilizaron recursos y horarios institucionales para promover aspiraciones partidistas?
Y, sobre todo, ¿por qué separar a trabajadores que estaban iniciando su proceso de certificación mientras otros elementos, señalados por presuntas irregularidades, permanecen en sus puestos?
Los denunciantes sostienen que las decisiones podrían responder a intereses políticos y no a criterios laborales o institucionales.
Hasta el momento, los hechos denunciados no han sido corroborados de manera independiente y está pendiente conocer la postura de las autoridades involucradas.
Los trabajadores que se negaron a firmar sus renuncias buscarán proceder legalmente, aunque mantienen reservas sobre su identidad por temor a represalias.
La denuncia plantea una cuestión de fondo: si personal de una institución encargada de investigar delitos fue presionado para realizar actividades partidistas durante su jornada laboral, corresponde a las autoridades investigar quién dio esas instrucciones y bajo qué circunstancias se llevaron a cabo.
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