Desde hace más de dos años fueron notificados por la SMA sobre el cierre progresivo de los cuatro sitios de disposición en el estado para que tomaran previsiones.
En Tlaxcala, la gestión de la basura ha operado durante años bajo una ilusión de comodidad: recolectar el desecho, amontonarlo en un camión y enviarlo a un relleno sanitario estatal para que el problema se vuelva de alguien más. Sin embargo, el tiempo limite no solo se acerca, sino que la realidad constitucional tocará la puerta de los 60 ayuntamientos el próximo 31 de octubre.
Con el vencimiento de los convenios entre el gobierno estatal y las administraciones municipales para el uso de los basureros, el estado se asoma a una crisis inmediata de disposición final de residuos sólidos. El diagnóstico es fulminante, el basurero de Calpulalpan fue clausurado desde el pasado 15 de julio y avanza hacia su cierre definitivo, mientras que el sitio de Atlangatepec, el único activo que hoy amortigua y recibe la masa de desperdicios de toda la entidad, tiene los días contados por mandato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ante esta encrucijada, no hay espacio para sorpresas ni pretextos de desconocimiento, la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Pedro Aquino Alvarado, notificó formalmente a los gobiernos locales desde hace más de dos años sobre el cierre progresivo de los cuatro sitios de disposición en la entidad.
La advertencia fue clara y suficiente para que los alcaldes asumieran con anticipación lo que por mandato del artículo 115 constitucional les corresponde: hacerse cargo, de manera directa y responsable, de la limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de sus residuos.
Durante décadas, los municipios delegaron de facto en el Ejecutivo estatal una obligación que legal y financieramente les compete. La clausura inminente de Atlangatepec no es un imprevisto técnico; es el colapso inevitable de un modelo extractivo e insostenible.
Aunque la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura definirán los calendarios de clausura, y aun cuando el Estado extienda una mano subsidiaria para evitar una emergencia sanitaria, la responsabilidad sustantiva no se puede transferir más.
El 31 de octubre no solo expiran unos convenios de colaboración; expira la inercia del descuido, cada ayuntamiento de Tlaxcala debe asumir de inmediato el costo político, operativo y presupuestal de sus desechos.
Ya no basta con estirar el tiempo o esperar un rescate institucional: o los municipios implementan urgentemente esquemas de separación, reciclaje y alianzas intermunicipales para el manejo integral de su basura, o sepultarán la viabilidad ambiental de sus comunidades bajo la inacción de sus propios gobiernos.
